El impuesto a las bebidas azucaradas se queda fuera de los PGE pero se precipita en Cataluña

HOSTELVENDING.com 31/03/2017.- Una de cal y otra de arena para las empresas productoras de refrescos y toda la industria que gira a su alrededor, entre ellas el vending.

Finalmente el nuevo impuesto que el Gobierno anunció a finales del pasado año para gravar las bebidas azucaradas se queda fuera de los Presupuestos Generales del Estado para este 2017 tal y como solicitaba la industria al considerarlo injusto y desmedido y con consecuencias directas sobre el bolsillo de los consumidores, sin tener clara su contribución a la lucha contra los problemas de salud derivados del abuso de estos productos.

La reforma fiscal con la que se proyectaban unos ingresos extra de 7.500 millones de euros sale de la agenda parlamentaria al menos en primera instancia, aunque no se descarta su recuperación para próximos ejercicios o incluso su regulación al margen de impuestos.

Está previsto que mañana se aprueben estos presupuestos impulsados por el Partido Popular y apoyados por Ciudadanos, lo que asegura dejar de lado esta iniciativa al menos durante el próximo año.

No ocurre lo mismo en Cataluña, donde el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas entra en vigor este 1 de abril, a pesar de que se ha solicitado un aplazamiento por parte de la industria.

Colectivos como la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Adeas), el Consejo de Empresas Distribuidoras de Alimentación de Catalunya (Cedac), la Federación Española de Hostelería (Fehr), la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) y Marcas de Restauración, han realizado un comunicado en el que solicitan más tiempo al Gobierno de la Generalitat.

Rechazan la reciente aprobación del nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas en el parlamento catalán. Para Mauricio García de Quevedo, Director General de FIAB, estas medidas envían un mensaje negativo a la sociedad porque “retrae el consumo y afecta a la economía y al empleo”, además de ser un “impuesto que crea inseguridad jurídica y quiebra la unidad de mercado tan necesaria para garantizar la competitividad de la industria”.

Según el colectivo, la decisión “penaliza la demanda y castiga el crecimiento, no solo de la industria de alimentación y bebidas, sino de aquellos sectores vinculados, como el turismo o el canal de hostelería y restauración, claves para el desarrollo de España dentro y fuera de nuestras fronteras”.

Las empresas han llegado incluso a solicitar la intervención del Gobierno para “garantizar la unidad de mercado y proteja los instrumentos que garanticen la competitividad de la industria y la equidad en todo el Estado”.

“No parece razonable que la actividad industrial pueda vivir con la amenaza de iniciativas legislativas o fiscales discriminatorias que pongan trabas a la unidad de mercado y generen dificultades constantes en el desarrollo de la actividad”, destacó el Director General de FIAB.

La preocupación también reside en la posibilidad de que la medida se extienda a otras comunidades autónomas ahora que el Gobierno ha decidido dejar a un lado la iniciativa que se iba a aplicar en todo el territorio nacional, dejando ese espacio recaudatoria a las administraciones regionales.

España seguirá la recomendación de la OMS y gravará las bebidas azucaradas