El Parlamento Europeo solicita la limitación de las grasas trans en los alimentos procesados

HOSTELVEDING.com 27/10/2016.- Será por Ley y según las directrices que marque la Comisión Europea, así se pondrá límite a las grasas trans en los alimentos procesados tras la petición formulada a través del Parlamento Europeo que exige se tomen medidas en los próximos dos años.

Se trata de una propuesta de gran calado ya que afecta a una gran parte de la industria alimentaria que tendría que reducir el uso de este tipo de grasas, producidas de manera artificial, en los alimentos. Ya no basta con advertirlo en el etiquetado, se pretende que de manera global, no cada país por su cuenta, se eliminen o se reduzcan de manera drástica las cantidades.

“Una estrategia de etiquetado para informar de la presencia de AGT solo afecta a determinados alimentos, pero no a los alimentos no envasados o a los que se sirven en los restaurantes”, señala la propuesta parlamentaria que igualmente apela a la Organización Mundial de la Salud para señalar que la política de etiquetado no ha demostrado su eficacia, “mientras que el impacto financiero de la prohibición de las grasas trans ha sido mínimo en los países que la han aplicado, habida cuenta de los bajos costes de aplicación y de seguimiento”.

Las grasas trans o los ácidos grasos trans son un tipo de ácido graso insaturado comúnmente utilizado en la industria alimentaria desde la década de los cincuenta. Los alimentos que pueden tener un contenido elevado de grasas trans incluyen comidas precocinadas, grasas de fritura para uso industrial, margarina para bollería, productos de panadería preenvasados, tartas, galletas, gofres, palomitas de microondas, alimentos fritos y sopas y salsas de paquete.

La Organización Mundial de la Salud ha asegurado que ahora existen abundantes pruebas de los efectos perjudiciales de las grasas trans para la salud y recomienda reducir su consumo a menos del uno por ciento de la ingesta total de energía diaria.

"El consumo excesivo de ácidos grasos trans aumenta el riesgo de (padecer) enfermedades cardiovasculares”, asegura la eurodiputada popular alemana Renate Sommer, una de las responsables de la resolución que el Parlamento votó el pasado 26 de octubre.

No existe una normativa a escala comunitaria que regule el contenido de las grasas trans en los alimentos o que obligue a etiquetarlas.

Cuatro Estados miembros de la UE -Dinamarca, Austria, Hungría y Letonia- han fijado límites legales a la presencia de grasas industriales trans en los alimentos.

Otros como Bélgica, Alemania, Países Bajos, Polonia, el Reino Unido y Grecia han aprobado medidas voluntarias acerca del contenido de estas grasas, mientras que otros también cuentan con recomendaciones dietéticas nacionales como Bulgaria, Malta, Eslovaquia, el Reino Unido, Finlandia y Suecia.

En un informe sobre las grasas trans, publicado en diciembre de 2015, la Comisión Europea llegó a la conclusión de que un límite legal para el contenido de este tipo de grasas en la producción industrial sería la medida más eficaz para hacer frente al problema.

"La UE debería introducir límites legales a la cantidad de grasas trans industriales en los alimentos procesados”, sostuvo la eurodiputada socialdemócrata rumana Daciana Octavia Sârbu, otra de las responsables de la resolución en la Eurocámara.

El PE muestra su "preocupación por que los grupos vulnerables, incluidos los ciudadanos con menor nivel educativo y estatus socioeconómico más bajo y los niños, tengan más inclinación" a consumir estas grasas.

En este sentido, los europarlamentarios opinan que la Comisión Europea (CE) debe colaborar con los Estados para aumentar los "conocimientos en materia de nutrición" y permitir a los consumidores que "tomen decisiones más sanas" a la hora de alimentarse.

También piden a la industria alimentaria que "dé prioridad a soluciones alternativas que cumplan las normas sanitarias, como la utilización de aceites mejorados, nuevos procedimientos de modificación de las grasas o combinaciones de sustitutos".

La propuesta deberá ir acompañada de “una evaluación de impacto minuciosa para evaluar los costes y beneficios de distintos límites mínimos, y pide a la Comisión que tenga en cuenta específicamente los efectos sobre las pymes”.

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