El pueblo ha hablado: se suma otra patronal a la petición de retrasar el impuesto del plástico

HOSTELVENDING.COM 23/11/2022.- La Federación de la industria de alimentación y bebidas (FIAB) se une a las peticiones hacia el Gobierno de retrasar la entrada en vigor de la legislación contra los plásticos de un solo uso, un impuesto que impactará contra una industria alimentaria contra las cuerdas.

Algunos países europeos ya están moviendo ficha respecto al impuesto contra los plásticos de un solo uso ante una economía industrial cada vez más erosionada por factores como la inflación, la subida de los precios de la energía, las huelgas de transporte, y los resquicios de una crisis sanitaria. En el caso del país vecino, Italia, se ha decidido aplazar la aplicación de esta legislación para tratar de dar un margen a las empresas.

Frente a ello, el sector de la industria alimentaria español ha decidido retomar las peticiones al Gobierno sobre ese aplazamiento de la legislación, señalando las acciones de otros países y la situación extraordinaria que viven las compañías.

Por ahora, el Plan Presupuestario de 2023 sigue contemplando la entrada en vigor de la legislación contra los plásticos de un solo uso el próximo 1 de enero de 2023.

Atravesamos un contexto económico social marcado por la inflación, y uno de los sectores que más efectos del actual escenario inflacionista está notando es, sin margen de duda, la alimentación. En principio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicó tras enviar los presupuestos a la Comisión Europea, que se seguiría adelante con esta normativa.

Pero la situación se hace insostenible, y de ser así, la industria alimentaria quedaría extremadamente debilitada.

Por ello, el aplazamiento de este impuesto a los envases se ha convertido en la agenda principal de las empresas del sector, pasando a ser una de las principales reivindicaciones.

Tal y como recogen desde FIAB, el impuesto tendría un impacto directo de 690 millones de euros en las compañías de la industria de alimentos y bebidas. A eso se sumaría el aumento de los costes derivado de la responsabilidad ampliada del productor (costes estimados de 1.150 millones).

En total, la patronal vaticina un impacto real de 5.000 millones de euros respecto a la normativa de envases y residuos.

“En las circunstancias actuales, con costes energéticos inasumibles y con una inflación al alza, un nuevo impuesto es inasumible para las compañías del sector”, señala la FIAB.

Frente a ello, la industria ha decidido aunar fuerzas y trasladar estas peticiones y situación de urgencia al Ejecutivo español: Asaja, Coag, Upa y Cooperativas Agro-alimentarias, y asociaciones como Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Fiab, Adelma, Stanpa y EsPlásticos demandan juntos el aplazamiento de la entrada en vigor hasta 2024 al estimar que repercutirá de forma muy negatica en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor.