Los impagos y la morosidad, grandes trabas para pymes y autónomos

HOSTELVENDING.com | 04/05/11.- A todos los estragos que está causando la crisis al colectivo de trabajadores autónomos se une otro que, más que coyuntural por la situación económica actual, se ha convertido en una especie de mal endémico; el impago y la morosidad, principalmente de la Administración Pública. Según datos de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), desde que se desató la crisis nada menos que 200.000 empresarios se han visto obligados a dejar su actividad por esta razón. Un número que, según avisa la asociación, podría aumentar si no se activan medidas.

Lo que más llama la atención es que ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas no cumplen con los plazos de pagos establecidos por sus propias normativas, y causan un mal irreparable al sector. Siguiendo con cifras de ATA, la deuda del conjunto de la Administración a pymes y autónomos puede ascender nada menos que a 12.000 millones de euros. El pago medio se está situando, ante este panorama, en los 158 días, cuando la última actualización de la Ley de Morosidad establece que no deben pasar de los 50. Además el 25% de los autónomos tiene más de un año de retraso en las retribuciones. A pesar de esta situación, la UE está confeccionando una normativa para acortar los límites en estos plazos.

Las pérdidas por impago han subido del 1,9 al 2,6% en los últimos tres ejercicios, teniendo en cuenta sólo a las empresas que siguen teniendo actividad. Por sectores, donde se producen más retrasos es en la Sanidad, con 251 días de retraso en los pagos en el conjunto de la Unión Europea, aumentando a los 347 en España. Un segundo sector donde se estanca esta problemática es la construcción. Si a esta dinámica se le añade la fuerte carga impositiva a la que tienen que hacer frente los autónomos, con el aumento del IVA principalmente, el panorama es desalentador. La falta de liquidez llega a que el autónomo se convierta en el moroso y se entre en una espiral de difícil salida. Si además no se pueden acreditar los pagos ni los ingresos, el acceso al crédito se dificulta aún más.